Dijous, 25 Octubre 2018 21:21

"El declive de los derechos humanos en Alicante Vivienda y desahucios", per José M. Copete

"El declive de los derechos humanos en Alicante Vivienda y desahucios", per José M. Copete ElDiario.es

Artículo 25 

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

  1. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Durante el periodo que va desde la primera acampada (9 de noviembre 2012) en la sucursal de Bankia frente a la diputación, a la segunda acampada (5 de enero de 2015) en el BBVA del Mercat Central, tanto las familias afectadas por la hipoteca, como los directores de las sucursales protagonizaron un conflicto en el que se evidenciaba que el derecho a la vivienda no es más que una frase escrita en el papel, aunque se trate del artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos. 

En las múltiples discusiones que se establecían entre afectados y directores de sucursal, nunca se asumía por parte del banco que la vivienda fuera un derecho fundamental o que el desahucio debía hacerse con una alternativa habitacional. Las argumentaciones de los bancos eran sencillas, a veces resumidas en frases simples como “si no pueden pagar se tienen que ir”. Una visión basada en la hipercomercialización de la vida, la ausencia de cualquier responsabilidad por parte del banco y la eliminación del derecho a la vivienda.

La judicatura cerraba este círculo vicioso ejecutando todo tipo de desahucios sin alternativa habitacional, incluso de familias con menores, negando el principio de que éstos son el bien más preciado de todo el cuerpo legislativo. En esta visión neoliberal no hay pobres ni vulnerables, sino simplemente fracasados culpables de su fracaso.

En múltiples ocasiones el desahucio era sorprendente, se desalojaban viviendas de dudoso beneficio para el banco, pisos en una quinta planta sin ascensor, situados en barrios populares, de los que el banco no iba a sacar ningún beneficio. Desahucios destinados a elevar el precio, a especular, simple moneda de cambio por encima del valor de uso que una familia hace de un bien de primera necesidad. O simplemente con el despropósito de dejar una vivienda inhabitada. Los bancos tampoco aceptaban soluciones mutuamente beneficiosas como alquileres sociales, quitas de deuda, daciones en pago, e insistían en persecuciones de deuda después del desahucio, en persecuciones de avalistas, etc… La razón por la que las dos acampadas mencionadas duraron tanto tiempo --75 y 94 días respectivamente— era simplemente porque los bancos permanecían inflexibles. Las acampadas, descubrieron también otra realidad de la vivienda en nuestra ciudad, las más de 250 personas que viven en cajeros.

A esto había que añadir un ayuntamiento plagado de corrupción, con una cultura clientelar y con una organización de los servicios sociales anclada en la situación social de finales del siglo XX, incapaz de asumir los retos de la emergencia social y que daba la espalda al gran número de desahucios que se llevaban a cabo en la ciudad, y que todavía se producen. Además, las instituciones autonómicas, al igual que las municipales, tampoco disponían de un banco de vivienda acorde con las necesidades, pero tampoco de políticas que garantizaran el acceso a la vivienda, ni de propuestas, simplemente estaban entregadas a la lógica del mercado como eje estructurante de la vida económica y social sin considerar los derechos humanos o las necesidades de la gente.

La crisis de los desahucios constituye prácticamente una crisis de desplazados internos expulsados de sus casas mediante la violencia, la amenaza de la violencia o el miedo, y en las que las familias, a menudo sin ingresos, se refugian en casas de familiares, a veces dependiendo de las pensiones de los mayores, ocupando casas vacías o incluso ocupando su propia casa después de ser desahuciados. Una situación que Stop Desahucios intentó paliar, en ocasiones con éxito para muchas familias pero que permanece irresuelta a la espera de la próxima burbuja, la de los alquileres.

José M. Copete. Activista en el 15-M y Stop desahucios.

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